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Juzgado Anticorrupción de Sullana: 4 jueces en 3 años

By on mayo 19, 2019

Un nuevo cambio de juez se alista en la Corte Superior de Justicia de Sullana, en la región Piura. Será el cuarto cambio que ocurre en menos de tres años en un despacho tan sensible como es el Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

Este juzgado fue creado en noviembre del 2016, al añadírsele funciones de anticorrupción al despacho ordinario, mediante resolución administrativa 276-2016. La magistrada Alma Garay Pinday empezó teniéndolo a cargo, con competencia en las provincias de Ayabaca, Sullana y Talara.

Sin embargo, solo tres meses después, en febrero del 2017, Garay fue reemplazada por el magistrado Carlos Cristian Muñoz Alfaro, quien hasta esa fecha se desempeñó como juez de paz letrado con funciones de investigación en Ayabaca.

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No pasaron ni dos años y Muñoz fue cambiado, en enero del 2019, por el magistrado Juan José Albán Parra, quien había tenido a cargo el Juzgado de Paz Letrado de Los Órganos.

Allí, una de sus resoluciones más conocidas es el fallo de hábeas corpus que favoreció a nueve ex funcionarios de la gestión de Félix Moreno, ex gobernador regional del Callao, que habían sido inhabilitados por la Contraloría por un caso de corrupción.

Según fuentes de elpiurano.pe, Juan José Albán ya tiene las horas contadas en el juzgado anticorrupción y será cambiado por el magistrado Jorge Andrés Nole Sócola, actualmente titular del Segundo Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Talara.

La decisión vendría del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, tras evaluar los resultados de Albán en el manejo de los casos, la mayoría complejos. El juez, en tanto, no ha visto con buenos ojos la noticia, pero no tiene otra opción que acatar lo dispuesto.

Jorge Alva, presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana. (Foto: Poder Judicial)

PREOCUPACIÓN

Con fecha 6 de mayo del 2019, los seis fiscales anticorrupción de Sullana sostuvieron una reunión extraordinaria para abordar el tema y mostrar su preocupación. Según un acta de acuerdos, al que tuvo acceso elpiurano.pe, el propio Albán Parra comunicó su cambio el pasado 30 de abril, tras conversar personalmente con el presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Jorge Alva Inga.

“No podemos dejar de expresar nuestra preocupación por las consecuencias colaterales que estos constantes cambios vienen generando, pues designar a un magistrado que no es de la especialidad conllevaría a que este pase por un proceso de adaptación al subsistema anticorrupción de por lo menos un año”, se lee en el documento, de carácter reservado.

“Existen en trámite varios procesos con audiencias ya iniciadas, y que por su complejidad se vienen llevando a cabo en varias sesiones, y que con este cambio se tendría que retomar la audiencia desde el inicio, con la pérdida de tiempo que ello generaría”, agrega.

Entre los casos más conocidos se encuentran, por ejemplo, el del ex alcalde de Ayabaca Humberto Marchena, acusado de colusión y negociación incompatible; el de la alcaldesa de Lobitos, María Chapilliquén, imputada como cabecilla de una organización criminal; la investigación a dos policías de Carreteras de Sullana implicados en un cobro de coima; y el presunto desvío de fondos en la Ugel Ayabaca. Algunos datan de hace cuatro años.

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El problema del lento avance en el desarrollo de casos como estos no es, sin embargo, un asunto únicamente del juez, sino de la carga que soporta el juzgado en general, dado que, al ser este transitorio y no permanente, no se aboca únicamente a los casos de corrupción de funcionarios, sino también a procesos comunes.

Es decir, la solución a la problemática, han señalado los fiscales anticorrupción, no pasa por cambiar al juez ─una salida facilista que termina siendo contraproducente─, sino por fortalecer el órgano jurisdiccional.

Tanto el magistrado Juan José Albán como el titular de la Corte, Jorge Alva, han evitado pronunciarse específicamente sobre los cambios de jueces. Este último, no obstante, ha indicado en la víspera que en el módulo penal hay un déficit de 31 plazas.

“Se está pasando esa información a la gerencia general (del Poder Judicial), para que sean considerada en el presupuesto del 2020. Esperamos que sea así, porque parte del problema para atender la carga procesal es la falta de personal”, sostuvo Alva Inga en su momento.

La población, mientras tanto, se mantiene a la expectativa de los procesos penales en los que hay autoridades y funcionarios imputados que, según las evidencias, hicieron un uso ilegítimo de su cargo y se aprovecharon irregularmente de las arcas públicas.